§ Esta suspensión se añadiría a la suspensión sine
die de las ayudas por préstamo hipotecario, de termalismo social y podología
para mayores ya acordada por la Mugeju en mayo de 2012.
§ La Mugeju informa desfavorablemente a la nueva
suspensión de ayudas.
Desde su fundación las
Mutualidades de funcionarios (Mugeju, MUFACE e Isfas) ofrecen a sus mutualistas
tres tipos de prestaciones:
-
prestaciones económicas (por incapacidad temporal o
permanente, por jubilación y auxilios económicos)
-
prestaciones sanitarias (asistencia sanitaria, prestación
farmacéutica, prestación ortoprotésica y otras prestaciones sanitarias)
-
y prestaciones asistenciales (ayudas para atención a personas
mayores y otros colectivos, ayuda de adquisición de vivienda).
El Gobierno de Rajoy quiere
cargarse para al año 2013 la mitad de estas prestaciones, dejando a las tres
mutualidades únicamente con las prestaciones económicas por incapacidad (que no
obstante pueden ser objeto de revisión
en cualquier momento) y las prestaciones sanitarias (que además ya se ven
afectadas por la próxima revisión de la cartera básica de salud, el copago en
transporte sanitario no urgente y pago del 100 % de determinados medicamentos).
El Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públlicas presentó a la Mutualidad General Judicial para
informe el 21 de septiembre pasado una propuesta de Disposición Adicional a incluir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en
virtud de la cual quedarían suspendidas para el año 2013 el reconocimiento
y abono de los subsidios por jubilación y defunción, la ayuda por gastos de
sepelio, las prestaciones sociosanitarias (programas de atención a personas
mayores, de atención a personas con discapacidad y a drogodependientes), la
ayuda para adquisición de vivienda y los programas de tercera edad de las tres Mutualidades (Mugeju, Isfas y
MUFACE) y los programas análogos que reconocen los fondos especiales integrados
en dichas Mutualidadades.
CCOO ya informó en el mes de
mayo sobre la pretensión del Gobierno de suspender para el año 2013 el subsidio
por jubilación y las ayudas por gastos de sepelio, que recibieron el informe negativo de la Gerencia de la Mugeju.
Asimismo hay que recordar que
la propia Mutualidad ya suspendió con efectos 1 de agosto de 2012 “sine die” las ayudas por préstamos hipotecarios, podología básica y termalismo para mayores (estas dos últimas integradas en el programa de atención a
personas mayores). La Mutualidad justificó esta suspensión en la necesidad de
adoptar medidas de reducción del gasto sobre prestaciones no fundamentales de
la Mugeju. La suspensión de estas dos ayudas, que según la
Mugeju persistirían en el tiempo, y a las que se podrían unir la revisión de
los requisitos de las ayudas que se conceden en materia de dependencia, supone
de por sí un ahorro mayor que el que el Gobierno de la Nación pretendía obtener
con la suspensión sólo durante el año 2013 del subsidio por jubilación y ayuda
por sepelio.
Sin embargo el
Gobierno del PP quiere ir más lejos, en lo que ya constituye un ataque
intolerable a los derechos de los mutualistas, cuyas cuotas no experimentan
bajada alguna pese a los continuos recortes en nuestros derechos y salarios. El
afán de este Gobierno en recortar llega hasta el punto de proponer la
suspensión de todas las prestaciones asistenciales, que incluyen las ayudas
para que personas con minusvalías
superiores al 65 % y edad avanzada dispongan de apoyo domiciliario,
estancia en residencia o centro de día; la teleasistencia para mayores de 70 años, la ayuda para
mantenimiento y potenciación de la capacidad residual de personas con
discapacidad, para la eliminación de barreras arquitectónicas y para medios
técnicos para la vida diaria de las personas con discapacidad y los programas
de deshabituación al alcoholismo y drogodependencia. Es decir, este Gobierno
menosprecia a los empleados públicos, en activo o jubilados, y sus familiares
que por su edad o enfermedad precisan de ayuda adicional de la asistencia
sanitaria y carecen de medios para poder sufragársela.
Todas estas ayudas
asistenciales que el Gobierno del PP pretende suspender están dirigidas a
atender necesidades perentorias, habitualmente de larga duración, no asumibles
por quienes carecen de rentas o ingresos suficientes para costearlos
privadamente. Su concesión está baremada
a partir de la constatación y evaluación de la concurrencia en el mutualista de
requisitos personales y sociales como la situación socio-familiar, el nivel de
dependencia, los ingresos económicos, la edad, o variables representativas de
los recursos privados como la vivienda. Se trata, asimismo, de ayudas
incompatibles con cualesquiera otras prestaciones procedentes de entidades u
organismos públicos.
La Gerencia de la Mugeju ha informado negativamente con
fecha 26 de septiembre sobre la suspensión de estas prestaciones asistenciales.
Según la Mugeju el gasto presupuestado
para atender las prestaciones asistenciales representa, respecto del
presupuesto total de este organismo en el año en curso, un porcentaje mínimo.
La repercusión de su proyectada suspensión, en términos financieros, no guarda
proporción con el impacto que implicaría para la atención debida a unas contingencias
particularmente apreciadas por un colectivo, el de los funcionarios públicos,
que ya han se han visto afectados de forma notable por otras medidas de
reducción del gasto, y daría posiblemente lugar a la producción a medio o largo
plazo de efectos perversos o contraproducentes.
Para CCOO resulta intolerable e injustificable que un
Gobierno que ha dado a fondo perdido 11.000 millones de euros a los bancos, para
poder equilibrar sus cuentas tras semejante dispendio proponga recortar ayudas
básicas y fundamentales en el desarrollo de la vida cotidiana de quienes
prestan o han prestado sus servicios al Estado y precisan ahora de ayuda
adicional, cargándose el sistema asistencial que tantos años nos ha costado
construir. Hoy más que
nunca es imprescindible la movilización masiva contra los recortes, recortes y
más recortes del Gobierno, que no van a parar si no les obligamos los
ciudadanos, Por eso, todos los
mutualistas, beneficiarios y familiares debemos hacer denuncia expresa de esta
pretensión del Gobierno, a fin de evitar que se introduzca esta enmienda en la Ley de Presupuestos, que además
pone en riesgo el propio futuro de la Mutualidad General Judicial.
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